Franquicia donpiso: La crisis amenaza el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables

Noticias franquicias / 18 de marzo de 2021
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El vigente decreto ley antidesahucios y la futura Ley Estatal de Vivienda son medidas insuficientes si no se acompañan con construcción de viviendas de protección oficial.

La situación económica debilitada que ha traído consigo la crisis de la COVID-19 ha propiciado que el acceso a la vivienda de muchos colectivos se esté viendo dificultada.

En este contexto, el gobierno central impulsó la suspensión de desahucios vigente durante el estado de alarma. Una medida que, sumada a la futura Ley Estatal de Vivienda, ha supuesto el rechazo frontal por parte del sector inmobiliario. Este rechazo es debido a que se ha considerado que con estas medidas el peso de la solución recae únicamente sobre el sector privado.

Emiliano Bermúdez es subdirector general de la red de franquicias donpiso, especializada en el sector inmobiliario. En relación a esta cuestión, menciona que “el acceso a la vivienda es un problema social que se arrastra de lejos y que se ha visto agravado con la pandemia. Por eso también debe resolverse aumentando el parque público de viviendas protegidas”. A esto, Bermúdez añade que en los últimos años la inversión en este tipo de inmuebles ha caído drásticamente.

En este sentido, en 2019, el porcentaje de viviendas protegidas en España respecto el total era solo del 8,5%. Son datos muy alejados respecto a diez años atrás, donde el porcentaje de viviendas protegidas en 2009 respecto el total era del 16%. Así lo hicieron público el Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

“Son cifras alarmantes y que demuestran poco compromiso por parte de las administraciones”, sentencia Bermúdez.

La futura Ley de Vivienda, en entredicho por el sector inmobiliario

La Ley Estatal de Vivienda, lejos de aportar soluciones, conlleva algunos puntos dudosos. Por ejemplo, la definición del concepto de vivienda vacía – con el objetivo que los propietarios pongan sus propiedades en alquiler o empujar a grandes tenedores a destinar el 30% de sus viviendas a uso social –. También la definición de los precios del alquiler.

“La balanza está totalmente desequilibrada y producirá el efecto contrario”, explica Bermúdez. “Las administraciones no pueden eludir su compromiso de afrontar el problema de la vivienda mediante más construcción de vivienda social, ya sea en modalidad de compra o de alquiler”. Añade que incentivar fiscalmente a los propietarios en los impuestos relacionados con el IRPF o el IBI serían medidas bien recibidas por el sector privado.

Un factor clave para la regulación del mercado: seguridad jurídica

En este sentido, garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y minimizar la incertidumbre es la clave para que estas medidas funcionen. “Ofrecer garantías a los propietarios hará que se sientan cómodos y pongan sus viviendas en el mercado de alquiler. Esto hará aumentar la oferta y se estabilicen los precios”, analiza Bermúdez.

“Medidas como los antidesahucios, sin embargo, son un claro ejemplo de lo que no funcionará. Generan mucha inseguridad y un efecto contrario al deseado, pues los propietarios serán mucho más selectivos con el perfil del inquilino. Eso dificultará el acceso a la vivienda”, concluye Bermúdez.

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