La franquicia Mr. Gold reclama una regulación contra el fraude en la compraventa de oro

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Los más de 100 millones de euros de facturación en 2011, sus más de 200 empleos directos e indirectos y una previsión de crecimiento de hasta 150 tiendas en dos años han convertido a Mr. Gold en una de las grandes empresas nacionales con sede en Andalucía y en líder nacional en la compraventa de metales preciosos y joyas.

Un sector “en demasiadas ocasiones denostado”, señalan desde Mr. Gold, pero que “es de las escasas actividades que actualmente generan puestos de trabajo y movimiento económico”. No en vano, la compañía habrá creado sólo en 2012 más de un centenar de empleos nuevos directos e indirectos gracias a su ambicioso plan de expansión que a su vez ha llevado a Mr. Gold a acumular tres ejercicios consecutivos incrementando su facturación en torno al 50%. Todo un hito en un sector muy atomizado y con una altísima competencia. A lo que hay que añadir lo que desde la empresa se cataloga como un verdadero “lastre”: la falta de una regulación específica y de un criterio común de las distintas administraciones.

En este sentido, el mejor ejemplo de la falta de unificación de criterios por parte de las administraciones es la controvertida cuestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO). Se trata de un impuesto dependiente de la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma donde en algunas de ellas se está reclamando con carácter retroactivo el pago del 4%.

Mientras existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reclaman el pago de este gravamen, órganos como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazan el desembolso del impuesto lo que refleja claramente la falta de un criterio único. En este sentido, es bastante esclarecedor la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza las tesis del TSJA y exonera a las empresas de compraventa de oro de pagar el ITPO. Este dictamen, entienden desde Mr. Gold, creará jurisprudencia y, por tanto, debe eximir a los profesionales del sector de abonar este gravamen.

La problemática del ITPO es sólo un ejemplo de la situación que vive el sector. El auge en los últimos años de la actividad de compraventa de oro ha llevado a la Comisaría General de la Policía Judicial a poner en marcha el Plan Operativo Funcional Oro (POFO) con el que se pretende potenciar la inspección policial de las medidas de seguridad y del control de los requisitos documentales requeridos en los establecimientos de compraventa de oro. Sin embargo, lo que teóricamente debería ser un protocolo de actuación común en todo el territorio nacional, en la práctica no es así. “La documentación que solicitan en un establecimiento de Galicia no es la misma que la que piden en Málaga y ésta a su vez difiere de la de Murcia”, lamentan desde la compañía. Para una empresa con presencia en 58 ciudades repartidas por toda la geografía española esta situación dista mucho de ser ideal, señalan desde el grupo. Otro caballo de batalla del sector es el anteproyecto de lucha contra el fraude fiscal que prohíbe realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros lo que, afirman desde la empresa, “beneficiará a los establecimientos que no cumplen con la ley”.

Pese a estas dificultades, desde Mr. Gold aseguran que van a continuar con su ambicioso plan de expansión que le llevará a cerrar el presente ejercicio con una facturación de 140 millones de euros, más de 70 establecimientos y a superar el centenar de empleos directos e indirectos generados tan sólo en 2012.

Desde Mr. Gold apuntan que la compañía trabaja por convertir la compraventa de metales preciosos y joyas en un sector profesionalizado, con amplias garantías de transparencia y seguridad. Además, recuerdan que todas las operaciones realizadas en Mr. Gold están auditadas y supervisadas por la policía. Otro aspecto a tener en cuenta es la colaboración de la compañía con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fruto de la cual se han realizado importantes operaciones policiales.

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